POLÍTICAS DE GOBIERNO NUEVAMENTE CONMUEVEN AL SECTOR PREVISIONAL


Es política de estado de los distintos gobiernos poner foco en el segmento social de los jubilados, ubicándolos como blanco de sus decisiones.

Es así que después de varios años y distintos vaivenes soportados por el sector pasivo, en el año 2016 se implementó una medida llamada; Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
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En el mismo sentido, en el año 2017 se fijó por ley un Índice de Movilidad Jubilatoria que modificó y complementó otras leyes vigentes en aquel entonces.
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Así llegamos a estos días en que, en el marco de la declaración de Emergencia Pública en materia Económica del mes de diciembre de 2019, sancionada por el Congreso como Ley de Solidaridad Social (Ley 27.541), el 19 de febrero del 2020 se publicó en el Boletín Oficial un Decreto dictado por el Poder Ejecutivo, que suspende los parámetros fijados por aquella ley sancionada por el Poder Legislativo, en 2017.
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¿Qué efectos produce este nuevo Decreto?

Esta medida vulnera principios jurídicos, económicos, sociales y culturales, como así garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional; y también disposiciones contempladas en Tratados Internacionales en que la República Argentina es signataria.
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Por su naturaleza, la alteración o suspensión de la fórmula de movilidad no debería proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados; por lo que cabría adoptar aquellas soluciones que mejor se adecuen a los principios y garantías de la Constitución Nacional y favorezcan la progresividad de los derechos humanos.

Y con la Reparación Histórica; ¿Qué pasará?

Aquí podría generarse otro perjuicio con quienes aceptaron la ley de Reparación Histórica.

En el contexto Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, el Estado Nacional reconoció deudas que se comprometió abonar con quitas y en cuotas a quienes, habiendo iniciado demandas, suscribieron acuerdos desistiendo de la acción judicial. Y también la reconoció a aquellas personas que encontrándose en condiciones de efectuar reclamos ante la justicia, renunciaban al derecho de promover juicios en el futuro.
Estaba previsto que dichas cuotas sean actualizadas precisamente por la ley de Movilidad. Entonces nos encontramos que la suspensión de esta ley afectaría las actualizaciones comprometidas al momento del reconocimiento de la deuda por parte del Estado Nacional.

En este panorama; ¿Qué acciones caben?:

La Defensoría de la Tercera Edad, en la búsqueda de la declaración de inconstitucionalidad de la suspensión de la ley Movilidad Jubilatoria, inició una Acción Colectiva. De declararse tal inconstitucionalidad, el efecto será general, alcanzando a todos los beneficiarios.

Conclusiones:

Situaciones sustentadas en políticas regresivas y de achatamiento del pasado, dieron lugar a resonantes fallos de la justicia que sentaron precedentes e impulsaron escaladas de reclamos judiciales.

Lo cierto es que pretender resolver problemas de política previsional por la vía del juicio contra el estado, no hace más que dilatar la solución y cargar sobre los jueces la responsabilidad de los gobernantes.

La atenta observación de los hechos que se producen y el cabal conocimientos de los derechos protectorios del sector pasivo, son esenciales para cuidar sus intereses y preservar los derechos adquiridos.

Los beneficiarios del sistema previsional que cuenten con un equipo de expertos profesionales, tendrán la tranquilidad que -en tiempo útil y oportuno- se efectuarán las presentaciones necesarias para el mejor resguardo de sus intereses.

El Estudio First – Rate, Consultores -como siempre- está a su disposición.

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