Este cuadro persistió, pese a que distintas corrientes políticas transitaron en sus diferentes gobiernos, sean bajo regímenes democráticos o de facto. Es por ello que en honor a la verdad y responsabilidad social, ningún partido debería arrogarse el título de implacable defensor de los derechos de los trabajadores/as domésticos, ya que por acción u omisión permitieron que se extendiera en el tiempo esta inicua situación. En los inicios del peronismo no se legisló sobre las relaciones de trabajo doméstico, manteniéndose la indefinición inicial. Fue en un gobierno no democrático donde se legisló un régimen especial para el trabajo domésticos (del latín: domus=casa), que fue el Decreto – Ley 326/56, que contemplaba para esos trabajadores derechos inferiores a los que se les reconocía a los trabajadores de otras actividades. Si bien con posterioridad a la sanción de ese decreto-ley, del año 1956, se dictaron varias normas que incorporaron beneficios para los trabajadores en general, esas mismas leyes se ocuparon de excluir expresamente a las empleadas domésticas. Por ejemplo en los subsidios familiares, la ley 24.714 aclaraba en su segundo artículo: «Se exceptúa de las disposiciones del presente régimen a los trabajadores del servicio doméstico”. No era un tema menor. Es esta ley la que contempla asignaciones por maternidad, prenatalidad, nacimiento, adopción, hijo, hijo con discapacidad, ayuda escolar y matrimonio. Dos décadas después fue sancionada la Ley de Contrato de Trabajo con importantes novedades aplicables a las relaciones de trabajo en general, pero expresamente dicha ley dispuso que no beneficiaban a los trabajadores/as que se desempeñasen en el servicio doméstico (Ley 20.744 art. 2 inc. B). De ese modo se ratificaba la inequidad en este mercado laboral. La reforma constitucional de 1994, debido a la superior jerarquía normativa asignada a los tratados internacionales, permitió a algunos jueces la aplicación de ciertos principios del derecho del trabajo al ámbito del servicio doméstico. Ello significó una leve atenuación de las diferencias entre ambos regímenes normativos que sirvió de impulso a planteos de inconstitucionalidad del Decreto Ley 326/56. Pero lo cierto es que en las relaciones de trabajo en casa particulares, donde no existe una finalidad de lucro y las características propia de convivencia en el seno de una familia imponen una regulación especial. Y esto es así dado que la problemática que se presentan en ese ámbito, dista mucho de las situaciones que se viven en una fábrica; un comercio o una oficina. Tal es así que llegamos al año 2013, donde finalmente fue sancionada una norma específica (Ley 26.844) muy similar a la consagrada Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744 t.o.), pero conserva la distinción que hace que se diferencien en algunos pocos aspectos. De este modo nace un nuevo Régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares, que pone término a la inequidad histórica, quedando derogado el Decreto – Ley 326/56 con sus reglamentaciones. Y si bien se mantiene la exclusión del trabajo en casas particulares, en el inc. b del art. 2 de la Ley 20.744. La exclusión es menor y posibilita que las disposiciones de esta ley sean de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico. De esta manera queda el trabajo doméstico con una normativa propia, especializada, apartada del derecho laboral general, pero equiparada al mismo en sus grandes lineamientos. Entre los aspectos novedosos de la nueva normativa (Ley 26.844) es que considera que existe una relación de trabajo dependiente, la mera prestación de servicio domésticos, cualquiera se la cantidad de horas diarias o jornadas semanales laboradas. Mientras que el derogado Decreto Ley 326/56, imponía que para que la relación sea considerada contrato de trabajo, la prestación de tareas debía alcanzar un mínimo de cuatro horas diarias y cuatro días por semana. Por debajo de esta condición la relación configuraba una locación de servicios (figura no laboral). El actual ordenamiento distingue tres modalidades diferentes en las prestaciones: a) trabajadores sin retiro para un empleador; b) trabajadores con retiro para un empleador; c) trabajadores con retiro para varios empleadores. Existen especificaciones diferenciales en cuanto a derechos y obligaciones de las partes en cada caso. Con el afán de promover el blanqueo de los trabajadores/as domésticos el estado a lo largo de los años fue ofreciendo facilidades a los empleadores, tales como: bajo importe de contribución patronal ($35), mientras que el aporte del trabajador/a, alcanzan la suma de $100.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) proyectó que los empleadores deduzcan como gasto en la declaración del impuesto a las ganancias el salario y las cargas sociales del servicio doméstico. Finalmente la ley que regula las relaciones de trabajo en casas particulares introdujo normas para la protección de la maternidad (licencias de 45 días antes y después del parto, garantía de estabilidad en el empleo, indemnización especial por despido por causa de embarazo, maternidad). En el tema accidentes de trabajo la nueva legislación la contempla, aunque aún queda pendiente la reglamentación de la norma. Derechos; obligaciones y característica destacables incorporadas por la Ley 26.844, y su Reglamentación, Decreto 467/14 1.- Modalidades de trabajo eventuales, de temporada, etc. 2.- Nuevas funciones: Asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia del empleador. Cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 3.- Período de Prueba: 30 días personal sin retiro. 15 días personal con retiro. 4.- Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (aún sin funciones). 5.- Protección del trabajo adolescente (16 – 18 años de edad). 6.- Jornada de trabajo (48 hs. semanales), sábado inglés. (hasta 13:00 hs.) 7.- Sistema de Registro Simplificado. 8.- Licencias (asimiladas a la Ley 20.744 t.o.) 9.- Protección de la Maternidad y del Matrimonio. Estabilidad. 10.- Indemnizaciones (asimiladas a la Ley 20.744 t.o.) 11.- Funcionamiento de Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 12.- Creación del Servicio de Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas Particulares (SECOPECP). 13.- Reparación y prevención de riesgos del trabajo (no vigente hasta que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) dicten la normativa necesaria). Es así que por lo expresado sobre la equiparación legislativa del REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, que asimila los derechos de estos empleados a otras actividades del mercado laboral, presenta un escenario especial, donde los empleadores -cualquiera sea su posición social y económica-, deberán asumir la importancia que reviste la atención cuidadosa de los aspectos formales de la relación de trabajo doméstico; dado que una administración descuidada lo enfrentaría inexorablemente ante una potencial situación de alto riesgo económico, donde el principio rector del fuero que establece la presunción: en caso de duda a favor del trabajador (in dubio pro operario), mantiene su total y absoluta vigencia.